
El precio del gas se dispara ilegalmente en distribuidoras, donde los ciudadanos, como Eduardo de Cotocollao, pagan $2.15 en lugar del valor oficial de $1.65.
Esta práctica, conocida como «estribajo» y denunciada a nivel nacional, obliga a familias a unir sus recursos en un solo tanque.
Aunque la Agencia de Regulación solicita reportar estos casos, los afectados claman por una intervención efectiva de las autoridades y mayores controles, ya que las denuncias carecen de respuesta oportuna.