
Un allanamiento en el Ministerio de Educación permitió la detención de un funcionario y la retención de otros dos por presunta participación en una red que vendía puestos de trabajo en centros educativos fiscales. Los cobros iban desde 1.500 hasta 5.000 dólares.
La denuncia fue presentada ante la propia ministra de Educación, Deporte y Cultura e inició las investigaciones.
El funcionario detenido trabajaba en el área de mantenimiento y registra fondos injustificados por cerca de un millón de dólares. Los otros dos retenidos serán investigados mediante la recolección de sus aparatos telefónicos.