
La normativa recoge la voluntad popular expresada en el referéndum de abril de 2024 y determina que el apoyo complementario se activará para combatir el crimen organizado, enfrentar la violencia en cárceles y actuar en escenarios de grave conmoción interna.
El apoyo será solicitado por el comandante general de la Policía y aprobado por el Presidente, con una duración máxima de 180 días prorrogables por 30 adicionales.
Durante el debate, la oposición cuestionó que la ley no limite la actuación militar en protestas sociales y elimine controles políticos, mientras el oficialismo defendió que las Fuerzas Armadas recibirán capacitación en derechos humanos.
La normativa enfatiza la cooperación en cárceles para erradicar motines, aunque se criticó que no asigne presupuesto adicional para su implementación.