
La propuesta surge tras la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de los 4 de las Malvinas, que obliga a actualizar la normativa.
El oficialismo y la oposición discrepan sobre si todas las desapariciones deben considerarse forzadas. El oficialismo señala que la mayoría de casos son involuntarios y no involucran agentes estatales.
La Fundación Enred respalda la tipificación y exige investigaciones judiciales transparentes, con personal civil para evitar filtraciones por el «espíritu de cuerpo» de la fuerza pública.
También se analiza regular la cadena de mando y las responsabilidades derivadas de órdenes superiores.