Asamblea debate ley que integra cámaras al ECU 911 y pone inhibidores de señal en cárceles
La normativa crea un registro único de videovigilancia, sanciona a quienes no entreguen información y eleva penas para delitos cometidos desde prisiones.
La propuesta, presentada por los asambleístas Jorge Chamba y Luigi García, crea el Sistema Nacional de Videovigilancia bajo la rectoría del Ministerio del Interior.
El proyecto establece un registro único donde el sector privado debe inscribir todas las cámaras que apunten a espacios públicos, y el ECU 911 centralizará la información.
Quienes no proporcionen información a las autoridades podrían enfrentar sanciones, mientras que el acceso a las cámaras requerirá autorización judicial.
En materia penitenciaria, la ley declara a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad en telecomunicaciones y autoriza la instalación de inhibidores de señal para bloquear el uso de celulares e internet.
Además, se plantea modificar el COIP para elevar en un tercio la pena de cualquier delito cometido desde el interior de las cárceles, y sancionar con 3 a 5 años de reclusión al personal que permita comunicaciones no autorizadas.