
El Pleno de la Asamblea Nacional analizará este martes 28 de julio el informe para segundo y definitivo debate de la ley de agilización judicial para la adopción, una iniciativa que busca reducir los procesos de adopción de hasta cinco años a un máximo de 12 meses, eliminando trabas administrativas y judiciales que mantienen a cientos de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida durante años.
La reforma incorpora sanciones para servidores judiciales y funcionarios públicos que incumplan los plazos legales o retrasen injustificadamente los trámites de adopción, con amonestaciones y multas de hasta el 10% de su remuneración para jueces, y sanciones económicas de entre $100 y $500 para funcionarios públicos, pudiendo llegar a la destitución en caso de incumplimiento reiterado.
La ley también regula la pérdida de la patria potestad para padres que maltraten a sus hijos, establece criterios para los interesados en la adopción y obliga a escuchar la opinión de los niños y niñas según su edad y grado de madurez.