
El Pleno de la Asamblea Nacional discutirá en segundo debate las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, que devuelven a la Policía Nacional el control de la red vial estatal, permiten intervenir agencias municipales por corrupción y establecen nuevas obligaciones para buses y taxis.
La normativa faculta a la Agencia Nacional de Tránsito a suspender competencias de municipios que presenten irregularidades como matriculación excesiva de vehículos.
Los buses de transporte público deberán contar con GPS y pólizas de seguro para accidentes, mientras que los taxis tendrán taxímetros homologados con tarifas definidas por los GAD.
La iniciativa otorga un 50% de descuento para multas pagadas dentro de los 20 días posteriores a la infracción y elimina los procesos coactivos para multas no notificadas presencialmente.