
La Asamblea Nacional detectó irregularidades en los patrimonios de 95 autoridades locales tras aprobar con 83 votos el informe de fiscalización sobre el presunto incremento injustificado en el patrimonio de alcaldes y prefectos.
La decisión implica la remisión de información a la Fiscalía y la liberación de documentación que estará a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación.
Autoridades locales de Chimborazo, Guayas, Pichincha, Azuay, Esmeraldas, El Oro, Cañar, Cotopaxi y Santo Domingo, entre otras provincias, serán investigadas.
El informe fue remitido por la Comisión de GAD, que analizó las cuentas y declaraciones de alcaldes y prefectos.
Se abrirán investigaciones por posibles delitos de testaferrismo, sociedades de pantalla y paraísos fiscales.
La metodología de fiscalización comprendió una semaforización de alertas: en rojo y naranja aparecen 95 autoridades cuyo patrimonio presenta aparentes inconsistencias, 90 se sitúan en verde y 66 no cuentan con registro.
Durante el debate, el oficialismo y la oposición se enfrentaron por las competencias de la Asamblea para fiscalizar autoridades locales.
El informe aprobado, sin identificar nombres y cargos, mantendrá el carácter de reservado y será remitido a Fiscalía, Contraloría y UAFE.