
La Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana advirtió que más de 7.000 personas estarían ejerciendo como agentes inmobiliarios de manera informal en el país, y que según encuestas, más del 70% de los consultados han sufrido algún engaño o estafa en operaciones de compra, arriendo o reserva de propiedades.
El gremio propone la creación del Registro Único Inmobiliario (RUI), una herramienta que concentraría la identificación de quienes están habilitados para intermediar y que debería ser regulada por el Estado, a través del Código de Comercio y del Ministerio de Producción, como requisito exigible para cualquier transacción inmobiliaria.
La Cámara también plantea reformar la Ley de Corredores de Bienes Raíces, vigente desde hace más de cuatro décadas, para elevar los requisitos de conocimiento y acreditación, puesto que la licencia actual no es suficiente frente a obligaciones relacionadas con lavado de activos, protección de datos y tributación. La iniciativa deberá avanzar en la Asamblea Nacional para convertirse en ley.