
El proyecto tipifica la pertenencia a grupos criminales para perseguir desde el campanero hasta el cabecilla, con penas de 22 a 26 años de prisión.
También incrementa las penas para delitos como la comercialización ilícita de hidrocarburos (hasta 10 años), colaboración con GDO (13 años) y captación de personas con fines delictivos (13 años).
La reforma prevé inhabilitar a abogados en libre ejercicio que hayan sido condenados por relacionarse con organizaciones criminales, con una suspensión que no superará el mínimo de la pena impuesta.
Los comisionados destacaron que la ley incorpora mecanismos para administrar, vender o asignar bienes incautados a grupos criminales que sean perecibles o susceptibles de deterioro.