
El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó por unanimidad a los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Willer Chóez, quienes integraron la sala que resolvió una apelación dentro del caso Goleada.
La Judicatura determinó que los tres magistrados incurrieron en error inexcusable al revocar la prisión preventiva que pesaba contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, investigados por presunto lavado de activos.
Según el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, los jueces se extralimitaron al analizar la apelación.
El organismo sostiene que su competencia debía limitarse a revisar si la medida cautelar cumplía con los requisitos legales, pero la sala habría ingresado al fondo de la investigación.
Los magistrados emitieron consideraciones sobre la existencia del presunto delito, la tipicidad de los hechos y la estructura de la supuesta red investigada.
Para la Judicatura, esto superó los límites de sus funciones. Los jueces permanecieron suspendidos durante tres meses y sin remuneración mientras avanzaba el proceso disciplinario.
Uno de ellos denunció públicamente presiones, acusaciones que fueron rechazadas por la Judicatura.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada no pudo instalarse y fue reprogramada para el 4 de noviembre.