
La empresa de pasajeros de Quito enfrenta una controversia por denuncias de presuntos cobros indebidos a funcionarios municipales.
La entidad rechaza las acusaciones y expone sus propios antecedentes. Los concejales piden investigar los hechos y sancionar cualquier irregularidad comprobada.
Según un comunicado de la empresa, la institución recibió denuncias contra un funcionario e inició investigaciones internas. La administración afirma que durante ese proceso el funcionario respondió con amenazas e improperios contra el gerente general y su equipo.
El documento indica que el 27 de julio el gerente presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunta intimidación. Tres días después, la entidad remitió otra acusación por posibles delitos de concusión y cohecho relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de seguridad privada.
Algunos concejales creen que estas acciones legales son la vía correcta y piden que la denuncia sea judicializada.
La empresa sostiene que las nuevas acusaciones se publicaron sin verificar las fuentes ni contrastar la información. El comunicado también menciona un supuesto acercamiento de un eril a la administración municipal para evitar la difusión de información sensible.