Fiscalía pide 6 años y 9 meses de prisión para Aquiles Álvarez por comercialización ilegal de combustibles
El Ministerio Público sostiene que el alcalde de Guayaquil encabezó una estructura que causó un perjuicio de $61,5 millones al Estado.
La Fiscalía General del Estado solicitó una pena de seis años y nueve meses de prisión para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante los alegatos finales del caso AAA, al considerarlo responsable del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, y pidió que se declare la culpabilidad de los 21 procesados por haber integrado una estructura dedicada a la comercialización irregular de combustibles subsidiados que habría ocasionado un perjuicio económico de 61,5 millones de dólares al Estado.
El Ministerio Público también requirió el pago de una reparación integral de 61 millones de dólares, multas para los procesados y la disolución de seis empresas presuntamente vinculadas a la red investigada, entre ellas Copedeza, relacionada con la familia Álvarez. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y Petroecuador respaldaron la solicitud de pena máxima y la reparación económica. La defensa de Álvarez rechazó los argumentos y pidió al tribunal ratificar su inocencia. El tribunal de juzgamiento ingresará ahora a la fase de deliberación antes de emitir sentencia.