
La audiencia se instaló el lunes en la Corte Nacional con el fiscal general Carlos Alarcón, pero fue suspendida por el conjuez Rodrigo Zarango y se retomará el 25 de agosto a las 9:30.
La Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción, como presuntas presiones internas para favorecer a Progen durante la etapa precontractual y supuestas irregularidades en la administración de los contratos de las centrales de Salitral y Quevedo.
En el caso Salitral, los exadministradores habrían certificado el cumplimiento del hito 1 sin verificar las condiciones de los 29 generadores, que incluso serían de 2009 pese a exigir unidades nuevas, y se habría solicitado un desembolso de 69.9 millones.
En Quevedo, se señalan irregularidades en prórrogas y modificaciones contractuales que habrían permitido pagos millonarios.