
El desacuerdo surgió por la intención de ampliar el ámbito de la ley a viviendas rurales, no solo urbanas.
La norma vigente no ha sufrido modificaciones desde el año 2000. Datos de la Asamblea indican que el 38% de los hogares ecuatorianos arrienda.
La reforma también propone digitalizar los contratos y registrarlos en los municipios. Se busca evitar que los acuerdos orales generen problemas posteriores.