
La normativa establece que cualquier reajuste del canon deberá acordarse entre las partes y no por decisión exclusiva del propietario.
El inquilino podrá solicitar una reducción del pago mensual cuando el deterioro del inmueble afecte sus condiciones de habitabilidad. Los contratos deberán ser por escrito y registrarse en los departamentos de los GAD municipales.
Para viviendas amobladas, el proyecto plantea un inventario detallado de los bienes entregados al arrendatario. El desahucio también cambia: se consensuó un plazo de 90 días para terminar el contrato.