La reina Isabel II ha desatado la polémica en Reino Unido luego que se conocieran las presiones que realizó a través de sus abogados al gobierno de Escocia para no acatar una nueva ley que tiene como fin la lucha contra el cambio climático.
El proyecto, que se debatió en febrero en el parlamento escocés, impulsó la construcción de tuberías para calentar hogares y negocios usando energías renovables, lo que ayudaría a reducir las emisiones, reducir la pobreza energética y crear empleos verdes. Pero para eso se obliga a algunos propietarios a vender a empresas y entidades públicas los terrenos que se les requirieran.
Y, claro, el plan entronca directamente con los intereses personales de la reina Isabel, que es la mayor terrateniente de Escocia. Por lo tanto, iba a ser la propietaria más afectada por esta ley, algo a lo que no estaba dispuesta. Así, debido a un procedimiento parlamentario llamado el «consentimiento de la Reina», que da al soberano una visión anticipada de la legislación, los abogados de la monarca pudieron intervenir en el proceso, expresando su «preocupación» porque esta ley afectaba directamente a los intereses de la madre de Carlos.
Finalmente, dio su aprobación a la ley, como el entonces ministro de Energía, Paul Wheelhouse, anunció en el parlamento. Pero también registró una enmienda para sacar de la ley a las tierras que son propiedad privada de Isabel II, evitando así que se viera obligada a vender terrenos a empresas y entidades públicas para permitir la construcción de los gasoductos de energía verde, publica Vanitatis.
Por supuesto, el debate en el parlamento fue encendido, ya que varios partidos políticos no estuvieron de acuerdo que, ante un asunto tan importante como la emergencia climática, se tuviera que hacer una excepción con Isabel II. El ministro aclaró entonces que la enmienda era necesaria para que la ley siguiera adelante, pero sin aclarar que se había aplicado por las presiones que ejercieron los abogados de Buckingham. La conclusión entonces era que la Corona está muy a favor de luchar contra el cambio climático, pero sin que afecte a sus intereses privados.
De todas formas, no es la primera vez que que la monarca utiliza su estatus, título y papel para estar libre de las leyes que aplica el Gobierno. La última, hace unos meses, cuando The Guardian publicó que, también a través de sus abogados, había presionado para que se cambiara la ley que le permitía no revelar su fortuna.
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